20081003 10:38:00 redazione-IT
CONTUNDENTE VICTORIA DEL SÍ
El 64 por ciento de los ecuatorianos votaron afirmativamente al proyecto de Nueva Constitución Nacional surgido de la Asamblea Constituyente. La Carta Magna fue una apuesta del gobierno que lidera el presidente, Rafael Correa, en camino de concretar lo que llama "la revolución ciudadana". Las fuerzas populares y de izquierda del Ecuador -que vienen reclamando e impulsando la constituyente desde fines de los `90– entre ellas las que pertenecen al arco de base de Correa, pero también aquellas que mantienen posiciones críticas hacia el gobierno, reconocen aspectos progresivos en el texto. La derecha económica, política y cultural, pese a que ha logrado aglutinarse, recibió la cuarta derrota electoral consecutiva.
La aprobación del texto constitucional requería de más del 50 por ciento de los votos. Aun en Guayaquil, catalogado como el principal bastión de la oposición, el rechazo a la Carta Magna obtuvo 47 por ciento de los votos sobre el 45,7 por ciento por el Sí, es decir solo 1.3 de diferencia. A nivel nacional el No obtuvo el 28 por ciento.
Impuestos progresivos, el protagonismo del Estado en el desarrollo económico del país y en el “dominio de los sectores estratégicos” (menciona energía, telecomunicaciones, recursos naturales, transporte, petróleo, biodiversidad, patrimonio genético, espectro radioeléctrico y el agua) mediante empresas estatales o mixtas con mayoría estatal (aunque deja abierta la posibilidad “excepcional” de empresas privadas) son algunas de las novedades de la nueva Carta Magna. Además, establece un Estado Plurinacional, histórica reivindicación de los movimientos campesinos indígenas, reconocen como lenguas oficiales al quechua y al shuar. La propuesta prohíbe la presencia de tropas extranjeras, colocando explícitamente a “la integración, en especial con los países de Latinoamérica y el Caribe” como “un objetivo estratégico del Estado” y fija el control del Ejecutivo sobre la política monetaria y financiera.
La constitución aprobada rechaza “el latifundio y la concentración de la tierra” como así también “la estatización de cualquier deuda privada” y abre la posibilidad de revocar el mandato a todos los representantes, incluido el presidente, por voto popular.
La reforma fue resistida principalmente por los medios de comunicación comerciales, el sector bancario y empresarial, la cúpula de la Iglesia Católica, que jugó un rol preponderante y la poderosa elite de Guayaquil, representada por el gobernador Jaime Nebot, “Atenta contra la propiedad privada” reiteran y permite “el aborto y el matrimonio homosexual”. La derecha económica y política de Ecuador, derrotada en las últimas tres elecciones, comienza a articular un frente opositor, al que se suma el Partido Sociedad Patriótica del ex presidente Lucio Gutiérrez.
El gobierno de Correa ha centrado su acción en ampliar notoriamente el campo de acción del Estado, poniendo acento en la política social tras el terreno abandonado por el neoliberalismo. En estos dos años ha decido no renovar el convenio de cooperación militar anti-narcóticos asentado en la Base de Manta, terminó el contrato con petroleras norteamericanas, finalizó las negociaciones del TLC y es activamente critico de la orientación belicista del Plan Colombia, de demandar la revisión del tratado bilateral de inversiones, mantiene fluidas relaciones sobre todo ideológiocas con la Venezuela de Chevez y la Bolivia de Evo Morales, ha manifestado que el Socialismo del Siglo XXI está en el horizonte del su gobierno.
Desde las organizaciones populares las criticas más frecuentes apuntan al modelo de acumulación, muchos lo caracterizan de extractivo en cuanto a los recursos naturales y la tendencia profundizada a las políticas que colocan al Estado casi como único motor del cambio, lo que atenta contra la autonomía y la incidencia de los movimientos populares. Mas allá de las previas diferencias, la nueva Constitución fue bien recibida por la mayoría de los movimientos sociales y fuerzas populares de Ecuador, quienes reconocen en líneas generales el carácter progresivo del texto.
En una entrevista realizada por La Haine, Pedro de la Cruz, histórico dirigente de la Federación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (FENOCIN, cercana al Partido Socialista)del Ecuador, ex-asambleísta por Alianza País, afirmó que “esta constitución es un proceso no sólo de este Gobierno, sino de la lucha de las organizaciones” y recalcó “nosotros, por primera vez en la historia, estamos apoyando un proceso, no a un gobierno de tal o cual. Pero este Gobierno ha liderado estas demandas que ha tenido la ciudadanía ecuatoriana, incluyéndonos a nosotros como organización. Porque las organizaciones somos las que hemos estado reclamando en las calles (…) Creo que ahora es la oportunidad de hacer los avances en las propuestas de la nueva constitución. Y en este sentido, creemos que la constitución tiene muchas bondades para decir sí”.
“El voto debe ser un sí a las luchas de 30 años contra el neoliberalismo y la falsa democracia. No un sí que simplemente reafirme al gobierno de Correa: un sí que critique al gobierno, de modo claro y desde la izquierda; lo contrario sería entregar toda la lucha social de los últimos 30 años a un mero juego de reforma burguesa. Pero para eso es necesario que la izquierda y los movimientos sociales reconstruyan un espacio de izquierda autónomo, que, siendo crítico, no le haga el juego a la oposición oligárquica ni se confunda con la crítica de las viejas y las nuevas derechas” afirmaba Mario Unda, del Centro de Investigaciones Ciudad.
“Acceso universal-gratuito a la salud, seguridad social absolutamente a toda la población, erradicación del analfabetismo (incluso el digital) , reconocimiento de distintas formas de propiedad, función social de la producción, un sistema económico ya no neoliberal, priorizar la cooperación en vez de la competencia, derecho a vivienda digna, salario acorde a la canasta familiar, medios de comunicación comunitarios, gratuidad de la justicia, igualdad de derechos y oportunidades a las mujeres, redistribución de las tierras improductivas al campesinado, no privatización de nuestros recursos no renovables, evitar la corrupción y enriquecimiento ilícito de los servidores públicos, derechos y beneficios a nuestros compatriotas migrantes, beneficios sociales a la población de los centros de rehabilitación social” fueron las razones enumeradas por la Confederación de Trabajadores de Ecuador (CTE) para apoyar la campaña por el Sí.
“Ahora viene la etapa que implica una lucha más ardua, en la que las organizaciones indígenas y movimientos sociales deberemos cumplir un papel preponderante, puesto que las revoluciones se las realizan mediante la lucha popular. Llegó la hora en que la nueva Constitución deberá ser viabilizada mediante leyes a favor de los oprimidos, debemos estar atentos para que los seudos revolucionarios, no entrampen el proceso o peor aún pongan sus leyes para sus beneficios y los de los sectores a los que representan. En este sentido los pueblos y nacionalidades indígenas estamos dispuestos a ser protagonistas en esta nueva etapa de lucha, porque una nueva Constitución, que no permita el acceso a una vida justa y digna para los millones de pobres sería una nueva estafa al pueblo ecuatoriano. Todo lo que hemos ganado en el campo de las batallas y en las urnas, no estamos dispuestos a perder con las leyes oligarquicas” afirmó en un comunicado la Confederación Kichwa del Ecuador ECUARUNARI en la CONAIE ante el triunfo del Sí.
La CONAIE, el movimiento índigena más grande del país, ha manifestado su oposición a las políticas extractivas impulsadas por el gobierno de Correa y remarcó que "la constitución no fijó la posibilidad de explotación minera al consentimiento de las comunidades". Aclarando que "el respaldo" al texto propuesta constitucional "no implica un alineamiento con el gobierno del presidente Rafael Correa", puntualizando que, como organización “se mantendrá vigilante y rechazará cualquier proyecto minero, petrolero y de extracción de recursos naturales que no sea consultado”.
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EmiNews 2008
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