20081112 21:39:00 redazione-IT
por M. Isaza
Desde el mes de junio de 2008, la administración Uribe se ha empeñado en señalar a las universidades y colegios públicos del país de ser colaboradores de las FARC, de albergar a guerrilleros y de reproducir el terrorismo en estos claustros educativos. Recordemos algunos hechos:
Universidades públicas y sus nexos con el terrorismo
Esta acusación se hizo en el pasado mes de mayo, en medio de monumentales escándalos que enlodaban cada vez más a funcionarios del Gobierno por sus nexos con el paramilitarismo, el narcotráfico, las masacres y los desplazamientos en Colombia. En su momento la nueva "bomba de alerta" quedó apenas señalada, instaurando en la sociedad un manto de dudas frente a la credibilidad de las instituciones públicas educativas.
Hechos como la autorización por parte del presidente Uribe a la Fuerza Pública de ingresar a cualquier recinto universitario donde, según él, exista violencia; el enfrentamiento verbal desigual, intimidador y estigmatizador del mandatario colombiano con estudiantes; y la propuesta de un "Manual de Redacción" de la Presidencia de la República ofrecido a periodistas de diferentes medios de comunicación y a las facultades de Comunicación Social y Periodismo del país, fueron acontecimientos que sobresalieron en las noticias entre mayo y julio del presente año.
Posteriormente, durante el mes de septiembre, cuando la administración Uribe atravesaba nuevamente por momentos delicados, surgió repentinamente un escándalo: la "permisividad" y "complicidad" con "grupos terroristas" como las FARC de las universidades y colegios públicos del país, según lo denunciaron funcionarios del Gobierno e instituciones de la nación. Estas nuevas acusaciones se basaron en: la invitación a la ‘subversión’ hecha por la senadora liberal, Piedad Córdoba en un congreso estudiantil, en donde sus palabras fueron descontextualizadas y manipuladas(1); la denuncia de la senadora del oficialista partido de La ‘U’, Gina Parody, quien afirmó que los guerrilleros están en las universidades; la denuncia hecha por la entonces directora del ‘Departamento Administrativo de Seguridad’ (DAS), María del Pilar Hurtado, quien afirmó que las FARC planeaban infiltrar colegios y universidades mediante las juventudes bolivarianas de la ‘Federación Estudiantil Universitaria’ (FEU) y la ‘Federación Estudiantil Secundaria’ (FES); y por último, la sutil relación hecha por el comandante de la Policía Metropolitana, Rodolfo Palomino, de dos explosiones en Bogotá con estudiantes de la Universidad Nacional, en el cual los delincuentes de las FARC utilizaron pentolita. "Es el mismo explosivo que hace unos días le incautamos a un estudiante de la Universidad Nacional"(2).
Últimos hechos
La Fiscalía General de la Nación es independiente al poder Ejecutivo, por consiguiente, supuestamente toma sus propias decisiones. Es decir, en teoría, la Fiscalía no responde a ordenes del Ejecutivo. Ahora bien, el fiscal de la unidad especializa contra el terrorismo, Jorge Iván Piedrahita Montoya, quien hace un tiempo presentó señalamientos por presuntos operativos irregulares en el departamento de Cundinamarca, anunció que se llevará a cabo una minuciosa revisión de base de datos desde el año de 1992 y de libros en las universidades públicas Nacional, Distrital, Pedagógica, el Sena, y la Libre. El objetivo: buscar guerrilleros y miembros de otros grupos armados.
La información, para cuya obtención fue comisionada a la Dirección de Policía Judicial (DIJIN), será utilizada "a fin de realizar un descarte de las personas que aparecen vinculadas dentro del proceso investigativo como miembros de grupos al margen de la ley". En la carta dirigida a las universidades, la DIJIN solicita: "copia en medio magnético de la base de datos de la planta estudiantil y docente desde el año 1992 a la fecha, 2008"(3)
Algunas reacciones al respecto:
* Moisés Wasserman, rector de la Universidad Nacional: dice que un señalamiento generalizado no es justificable. "Con la medida, están señalando a una comunidad completa que no tiene por qué ser señalada. No recuerdo un hecho semejante ni en esta ni en ninguna universidad del mundo. Es totalmente insólito y absurdo"(4). Agregó que las directivas de la universidad adelantan averiguaciones jurídicas y mediadas legales para oponerse a esa medida.
* Carlos Ossa, rector de la Universidad Distrital: afirma que esta orden es una estigmatización contra las universidades públicas. "Hay bastante prevención de los organismos de seguridad frente a las universidades. En lugar de perseguir a los terroristas en el monte y a los ‘paras’, se vienen por aquí a husmear en la universidad como si este fuera un centro subversivo"(5).
* Edgardo José Maya Villazón, procurador General de la Nación: no está de acuerdo con la medida y afirma que aunque la Fiscalía tiene la obligación de investigar cualquier hecho delictivo, esta debe hacerse en casos concretos y no colectivos (6).
* Guillermo Mendoza, vicefiscal de la nación: está en desacuerdo con la decisión, sin embargo, señaló que la orden se debe cumplir. Aclaró que no es una política de la Fiscalía, sino que se trata de una decisión de un Fiscalía de la unidad antiterrorismo (7).
* Guillermo Mendoza Diago, fiscal general de la Nación encargado: consideró "poco útil" la decisión de un fiscal antiterrorismo de ordenar la inspección de las bases de datos de estas universidades. Sostiene que ni él ni el fiscal general Mario Iguarán, sabían sobre esa determinación, tomada con base en la autonomía del funcionario judicial que adelanta investigaciones por posible infiltración de grupos guerrilleros en algunas universidades públicas. "Si uno supiera que eso sirve para procesar terroristas infiltrados, todo el mundo tendría que aplaudir esa determinación, pero yo en lo práctico como funcionario judicial, una diligencia de esas la encuentro de poca utilidad para adelantar una investigación". Agregó que la Procuraduría puede pedirle al fiscal antiterrorismo del caso, que revoque la decisión, alegando que es superflua o impertinente.
Los libros ¿una amenaza para quién?
Con una sencilla autorización, sin necesidad de largos trámites, cualquier persona puede ingresar a las bibliotecas de los centros educativos públicos del país y consultar cualquier ejemplar. Es decir, cualquier ciudadano puede constatar que los libros que allí se encuentren responden a todas las corrientes de pensamiento y a todas las áreas del conocimiento.
Con la orden de fiscalía sobre la revisión de libros en los centros educativos señalados, surgen algunas preguntas: ¿Debe haber libros prohibidos en los centros de pensamiento universal? ¿Estamos volviendo a la época de la inquisición en donde el conocimiento era vedado y la cacería de brujas predominaba en la sociedad? Es más, ¿estamos volviendo a las décadas de los años 70 y 80 en donde cualquier libro de izquierda o que reflejara un pensamiento diferente al establecido, eran una ‘amenaza’ para la sociedad? ¿Bajo qué criterio la fiscalía determinará qué libros son peligrosos para los estudiantes, pues podrían incitar al ‘terrorismo’?
Conclusiones:
Además de pisotear la autonomía universitaria y de violar los derechos estudiantiles con el ingreso de la Fuerza Pública en caso de disturbios, la estigmatización de estudiantes, haciendo referencia de sus nexos con las FARC, se evidencian ahora estas nuevas órdenes que vienen ahora de la fiscalía como ente independiente. Estas medidas que lleva a cabo el fiscal Piedrahita, en vez de aportar en las investigaciones, estigmatiza aún más los centros educativos públicos del país.
No es coincidencia que en las universidades señaladas, se hayan hecho históricamente, debates críticos sobre la situación de Colombia la región y el mundo, la educación pública y el papel del Estado, entre otros temas. En los últimos años, fuertes críticas e importantes investigaciones que cuestionan el papel de la administración Uribe se han llevado a cabo en estos centros educativos que se han convertido en una molestia para el Gobierno actual.
Hasta el momento, el Estado nunca se ha manifestado fehacientemente por la presencia de grupos paramilitares en las universidades públicas del país, y menos sobre las desapariciones, asesinatos, amenazas y hostigamientos de tales grupos hacia estudiantes, trabajadores y directivas de los centros educativos.
Teniendo en cuenta el hostigamiento y señalamiento que ha mantenido el Gobierno de Uribe sobre estos centros educativos vinculándolos con las FARC, cuesta creer que la decisión del fiscal Piedrahita no responde a decisiones enviadas desde la Casa de Nariño. Más aún teniendo en cuenta que cada funcionario de la fiscalía es autónomo para ordenar las diligencias y tomar decisiones dentro de cada investigación, y que las autoridades no tienen establecimientos vedados para investigar un crimen.
Independientemente de que la investigación sobre la base de datos y el tipo de libros de las universidades públicas se lleve a cabo o no, es preocupante que este tipo de medidas empiece a plantearse en el país. Y más preocupante es cuando el Gobierno actual permanece en silencio sobre tan delicada situación. La estigmatización gradual sobre los centros educativos públicos del país continúa.
Bogotá, noviembre 10 de 2008. 4:00 p. m.
Fuentes consultadas
* Entrevista al comandante de la Policía Metropolitana, Rodolfo Palomino en Caracol Radio. Septiembre 18 de 2008. Página Web: http://www.caracol.com.co/nota.aspx?id=673231#
* Diario ‘El País’. Cali, 10 de noviembre de 2008. Página Web: http://www.elpais.com.co/paisonline/notas/Noviembre102008/poleuniv.html
* ‘Caracol Radio’. Noviembre 10 de 2008. Página Web: http://www.caracol.com.co/nota.aspx?id=707494
* Noticias Uno La red independiente. 9 de noviembre de 2008. Página Web: http://www.noticiasuno.com/noticias/investigan-a-universidades.html
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EmiNews 2008
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