20080721 22:12:00 redazione-IT
Raúl Zibechi
ALAI AMLATINA, 11/07/2008, Montevideo.-
En el primer semestre de 2008 se ha producido un fuerte viraje político, que le permite a las derechas, locales y globales, y a las multinacionales, recuperar posiciones y
retomar la ofensiva. El viraje no se circunscribe a Colombia, aunque tiene allí su epicentro mayor, sino que se extiende a países como Argentina, Bolivia y Perú, pero en lo esencial afecta a toda la región.
En Colombia, si alguna vez hubo algún equilibrio estratégico entre las FARC y las fuerzas armadas, en los últimos meses se ha quebrado a favor del Estado. La guerrilla perdió toda posibilidad de negociar un acuerdo humanitario en condiciones favorables, no puede mantener ofensivas
militares ni políticas, sufre un agudo descrédito entre la población y ya no cuenta con aliados significativos en la región ni en el mundo.
Aún así, lo más probable es que las FARC sigan adelante, con menguada
capacidad de iniciativa y con la probable fragmentación entre sus mandos
y frentes, como lo sugiere el desenlace de la liberación de los 15
secuestrados.
La estrategia delineada por el Comando Sur y el Pentágono, y plasmada en
el Plan Colombia II, no contempla ni la derrota definitiva ni la
negociación con la guerrilla. Eliminar a las FARC del escenario sería un
pésimo negocio para la estrategia imperial de desestabilización y
recolonización de la región andina, a la que Fidel Castro definió como
“paz romana”. Ese proyecto no puede llevarse a cabo sin guerra, directa
o indirecta, o sea sin la desestabilización permanente como forma de
reconfiguración territorial y política de la estratégica región que
incluye el arco que va de Venezuela a Bolivia y Paraguay, pasando por
Colombia, Ecuador y Perú.
Por un lado, se trata de despejar la región andina para facilitar el
negocio multinacional actual (minería a cielo abierto, hidrocarburos,
biodiversidad, monocultivos para agrocombustibles) que supone tanto la
apropiación de los bienes comunes como el desplazamiento de las
poblaciones que aún sobreviven en esos espacios. No estamos ante un
capitalismo, digamos, “normal”, el que fue capaz en su momento de
establecer alianzas y pactos que dieron vida al Estado benefactor, en
base a la triple alianza entre Estado, empresarios nacionales y
sindicatos. Se trata de un modelo financiero-especulativo y de
acumulación por desposesión, que sustituye las negoaciones por las
guerras y la extracción de plusvalor por la apropiación de la
naturaleza. O sea, un capitalismo de guerra para tiempos de decadencia
imperial.
Este sistema asume la forma de capitalismo criminal o mafioso en países
como Colombia, porque no sólo es funcional a la guerra y al robo, sino
que ellas forman su núcleo central, su principal modo de acumulación.
Eso explica la alianza estrecha entre empresas privadas de guerra, que
cuentan en ese país con 2 a 3 mil mercenarios apodados ahora
“contratistas”, con un Estado paramilitar como el que encabeza Alvaro
Uribe, asentado en la alianza con paramilitares y narcotraficantes. En
Colombia, a ese orden de cosas le han hecho frente tres fuerzas: la
guerrilla, la izquierda del Polo Democrático y los movimientos sociales.
La primera cree que puede vencer con las armas o negociar con ese nuevo
poder. El Polo desestima el papel de Washington y de las
multinacionales, como diseñadores y usufructuarios del Estado
paramilitar mafioso, y sobreestima por lo tanto los márgenes
democráticos. Los movimientos, por su parte, tienen grandes dificultades
para superar la escala local y sectorial y no están en condiciones, por
ahora, de erigirse en actores alternativos.
El Plan Colombia II fue el encargado de diseñar ese Estado militarista y
en este momento busca afianzarlo. Ahora que las FARC no representan
riesgo mayor para ese proyecto, aparece con claridad el objetivo de
largo plazo trazado. Lejos de abrir espacios para la negociación, como
desea la izquierda, el mensaje de los últimos meses indica un solo
camino: ni la paz ni la rendición les garantiza la vida a los
guerrilleros. O combaten y resisten o les espera el exterminio, como
sucedió a fines de la década de 1980. Se trata de golpear sus núcleos
territoriales para desplazarlos hacia las zonas fronterizas con
Venezuela y Ecuador, donde el Plan Colombia II aspira a convertirlos en
instrumento de la desestabilización regional.
Por eso Venezuela y Hugo Chávez adoptaron la estrategia de reducir la
tensión con el gobierno de Uribe. No se trata de una cuestión
ideológica, como pretenden algunos analistas. Ese debate vale para las
mesas de café o los despachos académicos, pero tiene escasa utilidad
cuando se trata de la sobrevivencia de proyectos de cambio social. Si se
consolida el proyecto imperial, toda la región sufrirá con la
polarización, de ahí la urgencia por desmontar los conflictos, tanto en
Colombia como en Argentina y Bolivia.
Un eventual triunfo de Barack Obama tampoco modificará las cosas. Puede
atemperar los rasgos más autoritarios del uribismo, lo que explica el
nerviosismo del gobierno de Bogotá y su solícita alianza con el
candidato republicano. Lo cierto es que los planes del Comando Sur no
dependen del inquilino de la Casa Blanca, y que estos apuntan a promover
una acción integral en la región que la convierta en una zona estable y
un baluarte inexpugnable para mantener la hegemonía estadounidense a
escala global. En suma, las elites imperiales aspiran usar la fuerza de
las armas para revertir su decadencia, que pasa por la recolonización de
América Latina. En un período como el actual, sólo la movilización
popular y las vías políticas pueden contribuir a debilitar la ofensiva
que viene del Norte.
– Raúl Zibechi, periodista uruguayo, es docente e investigador en la
Multiversidad Franciscana de América Latina, y asesor de varios grupos
sociales.
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EmiNews 2008
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